(Fuente: La Nación, Argentina) 27/4/13
Una amplia red de asociaciones que representan a jueces y a abogados prepara una estrategia judicial coordinada y articulada para que la Corte Suprema frene en los tribunales la reforma de la Justicia, que avanza en el Congreso impulsada por el Gobierno.
La ofensiva incluye una catarata de recursos que se presentarán en juzgados federales de todo el país. Los reclamos recaerán en el fuero contencioso administrativo federal, que revisa la validez de los actos del Estado, y en la justicia federal electoral, que controla todo lo vinculado con los comicios.
Los jueces y abogados piensan pedir que se declaren inconstitucionales las normas y presentar una medida cautelar para que, mientras tanto, se frene la aplicación de las leyes. Así lo adelantaron a LA NACION autoridades de la Asociación de Magistrados, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).
A estas presentaciones, cuyo contenido es tratado entre las entidades, se sumarán recursos de las ONG relacionadas con la Justicia, que ya se opusieron públicamente de diversas maneras a las iniciativas; de los partidos políticos minoritarios, que se creen afectados por los límites que impone la ley para presentar candidatos al Consejo de la Magistratura, y de las agrupaciones de abogados que presentaron postulantes para consejeros, pero que con la nueva ley no podrán hacerlo, si no lo hacen a través de un partido político.
Los partidos de la oposición, como el radicalismo, el peronismo disidente, la Coalición Cívica y el socialismo, también anunciaron que presentarán amparos.
Los recursos atacarán principalmente la ley que modifica la composición y la forma de elección del Consejo de la Magistratura, el organismo que se ocupa de seleccionar a los jueces y de someterlos a juicio político en caso de mal desempeño.
También se está evaluando el modo de atacar la ley que limita las medidas cautelares contra el Estado y la iniciativa que crea tres nuevas cámaras de casación, que alargarán los ya de por sí largos tiempos de la Justicia.
La estrategia contempla llegar a la Corte lo más rápido posible. Si los demandantes obtienen un fallo desfavorable en primera instancia, buscarán llegar al máximo tribunal con un per saltum , haciendo uso del nuevo recurso aprobado por el Congreso a instancias del Poder Ejecutivo. La oposición confía en que la Corte pondrá un freno a las iniciativas.
Pero al mismo tiempo todos, oficialismo y oposición, miran de reojo el calendario electoral. Quienes rechazan la reforma corren una carrera contrarreloj: la fecha tope para presentar los candidatos para las primarias es el 22 de junio y esas elecciones -en las que está previsto elegir a los consejeros- son el 11 de agosto. Quienes se oponen a la reforma saben que votado el nuevo Consejo será mucho más difícil revertirla.
Todos son conscientes de que el paso del tiempo puede frustrar sus posibilidades de obtener un fallo eficaz. El mejor ejemplo es que la Corte Suprema no resolvió todavía el pedido de inconstitucionalidad planteado contra la reforma anterior del Consejo, sancionada en 2006 a instancias de la presidenta Cristina Kirchner, que redujo de 20 a 13 el número de sus miembros. Las agrupaciones de abogados sostuvieron entonces ante la Justicia que la modificación violaba el "equilibrio" entre los diferentes estamentos que prevé la Constitución Nacional. Pasaron más de seis años y la Corte todavía no se pronunció. Todo indica que el tema se volverá abstracto.
Los recursos que se estudian son de diversa índole. En la Asociación de Magistrados adelantan que, por lo pronto, se presentarán ante la justicia federal electoral contra las modificaciones en el sistema de elección de miembros del Consejo, pues, según la nueva ley, jueces, abogados, y académicos serán designados por el voto popular. En la ciudad de Buenos Aires, la jueza electoral es María Servini de Cubría y el fiscal que deberá dictaminar si la justicia electoral es competente es Jorge Di Lello.
Las razones por las cuales cabría la competencia electoral son que la propia ley del Consejo la menciona y que se trata de un tema que altera una cuestión vinculada a los comicios, analizaban ayer en tribunales. Los jueces no descartaban que el caso tuviera allí buena acogida.
"Tuvimos consultas de diversas ONG, pero cada uno hará presentaciones por su lado, porque cada quien está afectado de diferente forma por las leyes", dijo a LA NACION Luis Cabral, presidente de la Asociación de Magistrados. Están en conversaciones con abogados reconocidos para formar un equipo que diseñe la estrategia judicial y la lleve adelante.
Jorge Rizzo, presidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal explicó a LA NACION que van a presentar una acción declarativa de inconstitucionalidad. La presentación ya está prácticamente redactada y será presentada apenas las leyes sea reglamentadas y publicadas en el Boletín Oficial.
Las presentaciones serán replicadas por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), que agrupa a 80 colegios de abogados desde Jujuy hasta Ushuaia, en los juzgados federales de todo el país. "Cada colegio de abogados de su jurisdicción, el que quiera porque son autónomos y libres, iniciará una acción propia en cada juzgado federal respectivo y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal lo hará en la ciudad de Buenos Aires", explicó a LA NACION Ricardo de Felipe, presidente de la FACA.
Por más que abogados, jueces y representantes de ONG conversen sobre sus acciones, presentarán demandas por separado porque cada sector aduce motivos diferentes para sus planteos. "En el Congreso respetamos el resultado de la democracia, pero ahora es el tiempo de la República", se entusiasmó el abogado Rizzo.
¿Cómo será el trámite de los amparos ante la Justicia, luego de que el Congreso aprobó parte del paquete de reformas?
Se planteará, por un lado, una medida cautelar para frenar las leyes, y además acciones declarativas de inconstitucionalidad ante la justicia federal electoral y ante la justicia en lo contencioso administrativo. Ahí se abren dos opciones:
a. El juez de primera instancia rechaza el planteo o la media cautelar. Los demandantes podrían:
Recurrir a la Cámara
Mediante un recurso de apelación convencional
Per saltum
Intentar este recurso para acceder directamente a la Corte y que el caso sea tomado por el máximo tribunal lo antes posible. La Corte tiene la opción de aceptar el caso y resolverlo o rechazarlo porque no se den las razones de admisibilidad del recurso
B. El juez de primera instancia hace lugar a la medida cautelar. EL Estado la apela y queda suspendida, como señala la nueva ley de amparos contra el Estado aprobada por el Congreso, en ese caso la ley se aplica, salvo que:
Inconstitucionalidad
Los demandantes pidan y consigan que se declare la inconstitucionalidad de parte de la ley de cautelares contra el Estado que dice que la sola apelación suspende la medida
Apelación
Que los demandantes pidan y logren que la Cámara confirme la cautelar antes de que se hagan las elecciones internas abiertas y simultáneas previstas para el 11 de agosto próximo donde está previsto que se elijan a los nuevos consejeros de la Magistratura -jueces, abogados y académicos- por el voto popular.
sábado, 27 de abril de 2013
viernes, 26 de abril de 2013
El dólar paralelo subió a $ 9,33 y amplió a 80% la brecha con el oficial
(Fuente: Clarín, Argentina) 26/4/13
El dólar paralelo retomó hoy su camino alcista y se vendió hasta $ 9,33, 13 centavos más que ayer. Luego de tres días consecutivos de batir récords, la divisa sigue demandada en la city porteña pero pocas cuevas están ofreciendo billetes. Prácticamente no hay operaciones. Los vendedores apuestan a que el blue tocará pronto los $ 10 y por eso no quieren desprenderse de los billetes.
En apenas 4 días el dólar informal escaló 68 centavos. Y solo en el año acumula una suba de 38%. La brecha que lo separa del oficial llegó ayer al 80%. Además, el blue duplicó su precio desde que arrancó el cepo cambiario, en noviembre de 2011.
La disparada se aceleró esta semana. El martes había avanzado nueve centavos y ayer 28 centavos. Pero a este precio se rompió una regla: el blue terminó valiendo más que el "dólar fuga" o "contado con liqui" –que se consigue mediante operaciones bursátiles y suele ser más caro que el paralelo- a un valor por debajo que el negro.
Se terminó negociando a $ 8,90.
"Sobran los que quieren comprar, pero l os que venden se borraron por temor a entrar en el radar de la AFIP o el Banco Central. Lo que salieron a comprar son tanto pequeños ahorristas como grandes inversores" sintetizó un operador cambiario. Pero lo cierto es que en volumen, el "blue" está quedando rezagado frente a las operaciones de compra legales que se pueden hacer a través de bonos en la Bolsa. Allí está el volumen. Bonos como el Boden 15, el Bonar 17 o el Bonar 13 reunieron negocios por más de 300 millones de pesos.
Aunque hay quienes ayer decían que el precio del dólar era un claro caso de "overshooting" (suba exagerada), las chances de que baje son inciertas: "Cuando se alcanza un nuevo máximo, difícilmente se vuelve atrás", dicen los que tienen años en el mercado cambiario.
Lo que también se observó ayer es que algunos cambistas del mercado paralelo salieron a recomprar los dólares vendidos el martes. Fueron aquellos que vendieron a $ 8,90 pensando que iban a recomprarlos más baratos y se dieron cuenta que perdían plata.
El temor de los ahorristas es que la divisa alcance los dos dígitos pronto, algo que no sería descabellado que suceda si el billete sigue el ritmo alcista de la inflación. Los especialistas sostienen que el Banco Central se encuentra en una encrucijada: no puede dejar de emitir porque la emisión financia al Estado pero, al haber más liquidez en la calle, esos pesos terminan yéndose al dólar paralelo. Tampoco la autoridad monetaria puede, ni quiere, absorber los pesos que emite porque enfriaría el consumo.
De hecho, desde principios de año, según cuentan en el mercado, el Gobierno intentó enfriar el blue cada vez que éste amagaba con dispararse, con pequeñas inyecciones de billetes baratos y también con amenazas del secretario de comercio Guillermo Moreno. Pero estas medidas de coyuntura no alcanzaron para frenar la fiebre por el dólar: la divisa ilegal avanzó en lo que va del año un 36%.
Mientras tanto, en la plaza oficial, el dólar se mantuvo en $ 5,18. Pese a que aceleró la devaluación del peso, el tipo de cambio oficial apenas avanzó un 5% en lo que va del 2013. Así, en menos de cuatro meses la apreciación del billete informal superó ampliamente el rendimiento anual que ofrecen los plazos fijos en bancos (cuyas tasas en el mejor de los casos no alcanzan ni el 15%), lo que explica por qué los argentinos siguen buscando como refugio para sus ahorros al dólar.
El dólar paralelo retomó hoy su camino alcista y se vendió hasta $ 9,33, 13 centavos más que ayer. Luego de tres días consecutivos de batir récords, la divisa sigue demandada en la city porteña pero pocas cuevas están ofreciendo billetes. Prácticamente no hay operaciones. Los vendedores apuestan a que el blue tocará pronto los $ 10 y por eso no quieren desprenderse de los billetes.
En apenas 4 días el dólar informal escaló 68 centavos. Y solo en el año acumula una suba de 38%. La brecha que lo separa del oficial llegó ayer al 80%. Además, el blue duplicó su precio desde que arrancó el cepo cambiario, en noviembre de 2011.
La disparada se aceleró esta semana. El martes había avanzado nueve centavos y ayer 28 centavos. Pero a este precio se rompió una regla: el blue terminó valiendo más que el "dólar fuga" o "contado con liqui" –que se consigue mediante operaciones bursátiles y suele ser más caro que el paralelo- a un valor por debajo que el negro.
Se terminó negociando a $ 8,90.
"Sobran los que quieren comprar, pero l os que venden se borraron por temor a entrar en el radar de la AFIP o el Banco Central. Lo que salieron a comprar son tanto pequeños ahorristas como grandes inversores" sintetizó un operador cambiario. Pero lo cierto es que en volumen, el "blue" está quedando rezagado frente a las operaciones de compra legales que se pueden hacer a través de bonos en la Bolsa. Allí está el volumen. Bonos como el Boden 15, el Bonar 17 o el Bonar 13 reunieron negocios por más de 300 millones de pesos.
Aunque hay quienes ayer decían que el precio del dólar era un claro caso de "overshooting" (suba exagerada), las chances de que baje son inciertas: "Cuando se alcanza un nuevo máximo, difícilmente se vuelve atrás", dicen los que tienen años en el mercado cambiario.
Lo que también se observó ayer es que algunos cambistas del mercado paralelo salieron a recomprar los dólares vendidos el martes. Fueron aquellos que vendieron a $ 8,90 pensando que iban a recomprarlos más baratos y se dieron cuenta que perdían plata.
El temor de los ahorristas es que la divisa alcance los dos dígitos pronto, algo que no sería descabellado que suceda si el billete sigue el ritmo alcista de la inflación. Los especialistas sostienen que el Banco Central se encuentra en una encrucijada: no puede dejar de emitir porque la emisión financia al Estado pero, al haber más liquidez en la calle, esos pesos terminan yéndose al dólar paralelo. Tampoco la autoridad monetaria puede, ni quiere, absorber los pesos que emite porque enfriaría el consumo.
De hecho, desde principios de año, según cuentan en el mercado, el Gobierno intentó enfriar el blue cada vez que éste amagaba con dispararse, con pequeñas inyecciones de billetes baratos y también con amenazas del secretario de comercio Guillermo Moreno. Pero estas medidas de coyuntura no alcanzaron para frenar la fiebre por el dólar: la divisa ilegal avanzó en lo que va del año un 36%.
Mientras tanto, en la plaza oficial, el dólar se mantuvo en $ 5,18. Pese a que aceleró la devaluación del peso, el tipo de cambio oficial apenas avanzó un 5% en lo que va del 2013. Así, en menos de cuatro meses la apreciación del billete informal superó ampliamente el rendimiento anual que ofrecen los plazos fijos en bancos (cuyas tasas en el mejor de los casos no alcanzan ni el 15%), lo que explica por qué los argentinos siguen buscando como refugio para sus ahorros al dólar.
Garzón a la ONU "Algunas propuestas transgredían nuestra dignidad"
(Fuente: El Tiempo, Colombia) 26/4/13
El vicepresidente Angelino Garzón dijo ante Naciones Unidas que no aceptaron algunas de las recomendaciones de los países del Consejo de Derechos Humanos porque el Gobierno considera que estaban redactadas de una forma que "transgrede nuestra dignidad y desconocen abiertamente los avances logrados hasta hoy".
Sin referirse explícitamente a los 'falsos positivos', Garzón dijo que cualquier reforma que se haga a la justicia colombiana "no tiene como propósito la impunidad y menos la violación de los Derechos Humanos".
Agregó que gran parte de las recomendaciones hechas durante el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas (EPU), que termina este viernes en Ginebra (Suiza), ya están en marcha. Igualmente, indicó que se tomó nota de algunas recomendaciones que serán analizadas en Colombia por el alto gobierno para examinar su viabilidad.
Garzón reiteró que el Gobierno Nacional mantiene su voluntad de paz y cree que esa negociación tiene más posibilidades con el respaldo de la comunidad internacional. Explicó que otras de las recomendaciones no se acogieron porque ya existen herramientas en el ordenamiento jurídico que permiten la protección de los Derechos Humanos.
El Gobierno colombiano se comprometió ante las Naciones Unidas a tomar las medidas necesarias para evitar la impunidad en casos de violaciones a derechos humanos perpetrados por particulares y miembros de la Fuerza Pública, pero no aceptó, como lo propusieron algunas naciones, limitar la competencia de la justicia penal militar para conocer esos casos.
En el informe final del EPU, el Gobierno voluntariamente hizo seis compromisos que incluyen la adopción de una política para combatir la trata de personas y la atención de las víctimas. Además, el estado colombiano se comprometió a redoblar esfuerzos para hacer seguimiento a la problemática carcelaria del país.
En el documento, Colombia señaló que tomará las medidas necesarias para que la reglamentación al fuero militar no genere impunidad y garantizará que los derechos de las víctimas sean respetados.
La delegación colombiana en Ginebra (Suiza) afirmó que seguirá las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas presente en el país y se comprometió a reforzar la lucha para combatir la violencia contra la mujer.
Colombia no aceptó la recomendación de Australia para que las víctimas de violencia sexual cometida por grupos al margen del conflicto puedan acceder a la reparación. Tampoco asumió el pedido de Tailandia para que las víctimas de las bandas criminales puedan ser objeto de reparación y tampoco acogió la propuesta para ratificar el protocolo opcional de la protección contra la tortura.
De las recomendaciones hechas por los países ante el Consejo de Derechos Humamos de las Naciones Unidas, Colombia aceptó 120, tomó nota de 8 y no aceptó 26. En cuatro años y medio, el país tendrá que regresar ante el Consejo para entregar los resultados de sus compromisos.
Por su parte, este viernes se conoció una carta que le envió Jorge Enrique Bedoya Vizcaya, viceministro de Defensa, a Navanethem Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la que insiste en que la reforma al fuero militar no es una puerta a la impunidad, pues la norma aprobada por el Congreso excluye a la Justicia Penal Militar de conocer delitos de lesa humanidad.
Así le respondió a Pillay, quien afirmó recientemente que “si el Gobierno realmente busca justicia para las víctimas y una paz duradera, la reforma debe caerse…”. El viceministro Bedoya agregó que no es cierto que con la reforma se esté trasladando la Justicia Penal Militar al Ejecutivo.
“Lamentamos sus apreciaciones que, además de ser imprecisas y por provenir de alguien que goza de su credibilidad y liderazgo a nivel global, desinforman a los medios de comunicación y a la opinión pública en un tema que el Estado colombiano ha trabajado con total responsabilidad y seriedad respetando siempre el ordenamiento constitucional y legal del estado social de derecho”, señaló la carta.
El vicepresidente Angelino Garzón dijo ante Naciones Unidas que no aceptaron algunas de las recomendaciones de los países del Consejo de Derechos Humanos porque el Gobierno considera que estaban redactadas de una forma que "transgrede nuestra dignidad y desconocen abiertamente los avances logrados hasta hoy".
Sin referirse explícitamente a los 'falsos positivos', Garzón dijo que cualquier reforma que se haga a la justicia colombiana "no tiene como propósito la impunidad y menos la violación de los Derechos Humanos".
Agregó que gran parte de las recomendaciones hechas durante el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas (EPU), que termina este viernes en Ginebra (Suiza), ya están en marcha. Igualmente, indicó que se tomó nota de algunas recomendaciones que serán analizadas en Colombia por el alto gobierno para examinar su viabilidad.
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| El ministro Fernando Carrillo y el vicepresidente Angelino Garzón, en su intervención ante la ONU - El Tiempo |
Garzón reiteró que el Gobierno Nacional mantiene su voluntad de paz y cree que esa negociación tiene más posibilidades con el respaldo de la comunidad internacional. Explicó que otras de las recomendaciones no se acogieron porque ya existen herramientas en el ordenamiento jurídico que permiten la protección de los Derechos Humanos.
El Gobierno colombiano se comprometió ante las Naciones Unidas a tomar las medidas necesarias para evitar la impunidad en casos de violaciones a derechos humanos perpetrados por particulares y miembros de la Fuerza Pública, pero no aceptó, como lo propusieron algunas naciones, limitar la competencia de la justicia penal militar para conocer esos casos.
En el informe final del EPU, el Gobierno voluntariamente hizo seis compromisos que incluyen la adopción de una política para combatir la trata de personas y la atención de las víctimas. Además, el estado colombiano se comprometió a redoblar esfuerzos para hacer seguimiento a la problemática carcelaria del país.
En el documento, Colombia señaló que tomará las medidas necesarias para que la reglamentación al fuero militar no genere impunidad y garantizará que los derechos de las víctimas sean respetados.
La delegación colombiana en Ginebra (Suiza) afirmó que seguirá las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas presente en el país y se comprometió a reforzar la lucha para combatir la violencia contra la mujer.
Colombia no aceptó la recomendación de Australia para que las víctimas de violencia sexual cometida por grupos al margen del conflicto puedan acceder a la reparación. Tampoco asumió el pedido de Tailandia para que las víctimas de las bandas criminales puedan ser objeto de reparación y tampoco acogió la propuesta para ratificar el protocolo opcional de la protección contra la tortura.
De las recomendaciones hechas por los países ante el Consejo de Derechos Humamos de las Naciones Unidas, Colombia aceptó 120, tomó nota de 8 y no aceptó 26. En cuatro años y medio, el país tendrá que regresar ante el Consejo para entregar los resultados de sus compromisos.
Por su parte, este viernes se conoció una carta que le envió Jorge Enrique Bedoya Vizcaya, viceministro de Defensa, a Navanethem Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la que insiste en que la reforma al fuero militar no es una puerta a la impunidad, pues la norma aprobada por el Congreso excluye a la Justicia Penal Militar de conocer delitos de lesa humanidad.
Así le respondió a Pillay, quien afirmó recientemente que “si el Gobierno realmente busca justicia para las víctimas y una paz duradera, la reforma debe caerse…”. El viceministro Bedoya agregó que no es cierto que con la reforma se esté trasladando la Justicia Penal Militar al Ejecutivo.
“Lamentamos sus apreciaciones que, además de ser imprecisas y por provenir de alguien que goza de su credibilidad y liderazgo a nivel global, desinforman a los medios de comunicación y a la opinión pública en un tema que el Estado colombiano ha trabajado con total responsabilidad y seriedad respetando siempre el ordenamiento constitucional y legal del estado social de derecho”, señaló la carta.
Alan García "Insistir en estatismo es volver al privatismo"
(Fuente: Peú21) 26/4/13
Rechazo tajante. El expresidente Alan García volvió a pronunciarse en contra de las pretensiones del Gobierno de adquirir los activos de la empresa Repsol –entre ellos la refinería La Pampilla– y esta vez apuntó su artillería contra el ministro de Economía, Luis Castilla, quien ayer confirmó el interés por esta polémica transacción.
“El ministro de Economía que era, supuestamente, tan duro, tan liberal y tan rígido, ahora dice que se está analizando el tema. ¿Será que le gusta más el ministerio que los principios?”, aseguró el exmandatario durante el Consejo Empresarial de América Latina, en San Isidro.
García Pérez consideró que las políticas estatistas que pretendería iniciar el Gobierno de Ollanta Humala solo son una “vuelta al primitivismo”, y puso como ejemplos los casos de Argentina y Venezuela, afectados por las crisis de sus respectivas economías.
“Los gobiernos nacionalizan para controlar los precios. Pero entonces se dicta una ley de congelamiento, como hace poco en Argentina. Y luego viene el descongelamiento, por lo que hay que falsificar cifras… pero el mundo no es tonto, así que viene el FMI y te pide que rectifiques”, afirmó.
“O como la ley de costos y precios justos en Venezuela, que acaba en supermercados vacíos”, agregó.
García dijo también que esta medida del Gobierno implica exponerse a un riesgo. “El Estado debe cumplir a través de sus organismos reguladores, evitar con ellos que el mercado abuse del ciudadano”, sostuvo.Rechazo tajante. El expresidente Alan García volvió a pronunciarse en contra de las pretensiones del Gobierno de adquirir los activos de la empresa Repsol –entre ellos la refinería La Pampilla– y esta vez apuntó su artillería contra el ministro de Economía, Luis Castilla, quien ayer confirmó el interés por esta polémica transacción.
“El ministro de Economía que era, supuestamente, tan duro, tan liberal y tan rígido, ahora dice que se está analizando el tema. ¿Será que le gusta más el ministerio que los principios?”, aseguró el exmandatario durante el Consejo Empresarial de América Latina, en San Isidro.
García Pérez consideró que las políticas estatistas que pretendería iniciar el Gobierno de Ollanta Humala solo son una “vuelta al primitivismo”, y puso como ejemplos los casos de Argentina y Venezuela, afectados por las crisis de sus respectivas economías.
“Los gobiernos nacionalizan para controlar los precios. Pero entonces se dicta una ley de congelamiento, como hace poco en Argentina. Y luego viene el descongelamiento, por lo que hay que falsificar cifras… pero el mundo no es tonto, así que viene el FMI y te pide que rectifiques”, afirmó.
“O como la ley de costos y precios justos en Venezuela, que acaba en supermercados vacíos”, agregó.
García dijo también que esta medida del Gobierno implica exponerse a un riesgo. “El Estado debe cumplir a través de sus organismos reguladores, evitar con ellos que el mercado abuse del ciudadano”, sostuvo.
Rechazo tajante. El expresidente Alan García volvió a pronunciarse en contra de las pretensiones del Gobierno de adquirir los activos de la empresa Repsol –entre ellos la refinería La Pampilla– y esta vez apuntó su artillería contra el ministro de Economía, Luis Castilla, quien ayer confirmó el interés por esta polémica transacción.
“El ministro de Economía que era, supuestamente, tan duro, tan liberal y tan rígido, ahora dice que se está analizando el tema. ¿Será que le gusta más el ministerio que los principios?”, aseguró el exmandatario durante el Consejo Empresarial de América Latina, en San Isidro.
García Pérez consideró que las políticas estatistas que pretendería iniciar el Gobierno de Ollanta Humala solo son una “vuelta al primitivismo”, y puso como ejemplos los casos de Argentina y Venezuela, afectados por las crisis de sus respectivas economías.
“Los gobiernos nacionalizan para controlar los precios. Pero entonces se dicta una ley de congelamiento, como hace poco en Argentina. Y luego viene el descongelamiento, por lo que hay que falsificar cifras… pero el mundo no es tonto, así que viene el FMI y te pide que rectifiques”, afirmó.
“O como la ley de costos y precios justos en Venezuela, que acaba en supermercados vacíos”, agregó.
García dijo también que esta medida del Gobierno implica exponerse a un riesgo. “El Estado debe cumplir a través de sus organismos reguladores, evitar con ellos que el mercado abuse del ciudadano”, sostuvo.Rechazo tajante. El expresidente Alan García volvió a pronunciarse en contra de las pretensiones del Gobierno de adquirir los activos de la empresa Repsol –entre ellos la refinería La Pampilla– y esta vez apuntó su artillería contra el ministro de Economía, Luis Castilla, quien ayer confirmó el interés por esta polémica transacción.
“El ministro de Economía que era, supuestamente, tan duro, tan liberal y tan rígido, ahora dice que se está analizando el tema. ¿Será que le gusta más el ministerio que los principios?”, aseguró el exmandatario durante el Consejo Empresarial de América Latina, en San Isidro.
García Pérez consideró que las políticas estatistas que pretendería iniciar el Gobierno de Ollanta Humala solo son una “vuelta al primitivismo”, y puso como ejemplos los casos de Argentina y Venezuela, afectados por las crisis de sus respectivas economías.
“Los gobiernos nacionalizan para controlar los precios. Pero entonces se dicta una ley de congelamiento, como hace poco en Argentina. Y luego viene el descongelamiento, por lo que hay que falsificar cifras… pero el mundo no es tonto, así que viene el FMI y te pide que rectifiques”, afirmó.
“O como la ley de costos y precios justos en Venezuela, que acaba en supermercados vacíos”, agregó.
García dijo también que esta medida del Gobierno implica exponerse a un riesgo. “El Estado debe cumplir a través de sus organismos reguladores, evitar con ellos que el mercado abuse del ciudadano”, sostuvo.
Detectan vuelos nocturnos de Fariña a Punta del Este
(Fuente: La Nación, Argentina) 26/4/13
El empresario Leonardo Fariña, vinculado al escándalo del supuesto lavado de dinero en la Argentina, ha sido un asiduo pasajero en vuelos privados con destino Punta del Este, aunque triangulando con terminales aéreas chicas, según informó hoy el diario local El Observador.
Además, se abrió otro foco de contradicciones sobre la compra de un campo en el este uruguayo, que según operadores inmobiliarios de la zona tendría un costo de unos 4 millones de dólares, pero aparece escriturado por un monto mayor, 14 millones, según una investigación del programa "En la mira" de la señal de TV cable VTV.
Sobre Fariña, se informó que "llegó varias veces a Punta del Este en distintos aviones particulares", según "fuentes del sector aeronáutico", las que aseguraron "que no utilizó el aeropuerto de Laguna del Sauce sino el aeropuerto de El Jagüel y que hacía aduana en el aeródromo de Melilla" (cerca de Montevideo).
De acuerdo a la versión del diario, "la aeronave aterriza en Melilla y allí realiza el papeleo", donde "puede ser revisado o no" y luego sigue viaje al este.
"Las fuentes explicaron que allí no se suelen hacer controles estrictos" y además, dijeron que Fariña "siempre llegaba y se iba "tarde en la noche".
Sobre el caso del campo "El Entrevero", el agente inmobiliario Alejandro Perazzo, que actuó por la parte vendedora, dijo que el negocio fue por US$ 14 millones. No obstante, dijo no recordar a quién se lo había vendido.
La ley 17.835 obliga a las inmobiliarias que realicen cualquier transacción superior a US$ 15.000 a registrar todos los datos de quienes participen de la misma y, en caso que les resulte sospechoso, denunciarlo ante el Banco Central.
El empresario Leonardo Fariña, vinculado al escándalo del supuesto lavado de dinero en la Argentina, ha sido un asiduo pasajero en vuelos privados con destino Punta del Este, aunque triangulando con terminales aéreas chicas, según informó hoy el diario local El Observador.
Además, se abrió otro foco de contradicciones sobre la compra de un campo en el este uruguayo, que según operadores inmobiliarios de la zona tendría un costo de unos 4 millones de dólares, pero aparece escriturado por un monto mayor, 14 millones, según una investigación del programa "En la mira" de la señal de TV cable VTV.
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| Fariña, la semana pasada. |
Sobre Fariña, se informó que "llegó varias veces a Punta del Este en distintos aviones particulares", según "fuentes del sector aeronáutico", las que aseguraron "que no utilizó el aeropuerto de Laguna del Sauce sino el aeropuerto de El Jagüel y que hacía aduana en el aeródromo de Melilla" (cerca de Montevideo).
De acuerdo a la versión del diario, "la aeronave aterriza en Melilla y allí realiza el papeleo", donde "puede ser revisado o no" y luego sigue viaje al este.
"Las fuentes explicaron que allí no se suelen hacer controles estrictos" y además, dijeron que Fariña "siempre llegaba y se iba "tarde en la noche".
Sobre el caso del campo "El Entrevero", el agente inmobiliario Alejandro Perazzo, que actuó por la parte vendedora, dijo que el negocio fue por US$ 14 millones. No obstante, dijo no recordar a quién se lo había vendido.
La ley 17.835 obliga a las inmobiliarias que realicen cualquier transacción superior a US$ 15.000 a registrar todos los datos de quienes participen de la misma y, en caso que les resulte sospechoso, denunciarlo ante el Banco Central.
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